07 septiembre 2009

Gobierno venezolano prepara el cierre de otras 29 emisoras de radio


Por Beatriz Lecumberri (AFP) CARACAS
Un total de 29 radios venezolanas saldrán del aire próximamente por "irregularidades" en el uso de su concesión, informaron este lunes responsables del gobierno de Hugo Chávez, un mes después del cierre de 32 emisoras, hecho que generó un gran rechazo dentro y fuera del país.
El anuncio, realizado por el responsable de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Diosdado Cabello, provocó el rechazo inmediato de representantes del gremio periodístico.
"No es ninguna sorpresa. Pero no se debería subestimar la capacidad de la gente para indignarse. Creemos que la presión popular, pacífica y constitucional, y la presión internacional pueden hacer que el gobierno recapacite", declaró a la AFP Alonso Moleiro, vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
En julio, Conatel realizó un censo de las emisoras de radio y según el ente público, un total de 240 radios y 45 televisoras no cumplieron los requisitos necesarios. Un mes después, 32 emisoras y dos televisiones regionales fueron sacadas del aire.
El cierre anunciado de otras 29 emisoras significa que "el proceso sigue adelante".
"Hay 29 emisoras, ya están revisados los expedientes y están en la misma situación de las anteriores. En los próximos días serán notificadas", recalcó Cabello este lunes.
"No nos van a intimidar. Estamos decididos a cumplir con nuestro trabajo y aplicar la ley. ¡Cómo les duele que las leyes sean iguales para todos! Pero nadie es intocable", agregó.
El gobierno venezolano insiste en que es necesario "democratizar" el espectro radioeléctrico y afirma que este procedimiento no tiene nada que ver con la libertad de expresión.
"Empiezan a hablar de una medida política. ¿Política? En las primeras 34 emisoras (de radio y televisión) hay personas apegadas a nosotros", aseguró Cabello.
La salida del aire en agosto de las primeras 32 radios provocó manifestaciones dentro de Venezuela y encendió la señal de alarma en organismos internacionales como la Unesco o la Organización de Estados Americanos (OEA).
Hasta ahora no se sabe qué emisoras forman parte de las 29 que serán sancionadas. En agosto el gobierno publicó la lista de las emisoras afectadas junto a la orden de salida del aire.
Entre las que perdieron su licencia destaca CNB, crítica con el ejecutivo, y otras menores vinculadas con detractores del gobierno, según expertos.
"Esa falta de transparencia es algo siniestro. No hay diálogo, hay un terror psicológico deliberado (...) Las radios no han hecho nada al gobierno, en Venezuela están sobre todo vinculadas al entretenimiento", aseguró Moleiro.
Para Carlos Correa, director de la ONG de defensa de la libertad de expresión Espacio Público, el sistema usado por el gobierno no da la posibilidad de argumentar para defenderse. "Te sacan del aire y punto", explicó a la AFP.
Según este experto, el deber del Estado venezolano tenía que ser "garantizar que todas las líneas editoriales estén expresadas" en el actual espectro.
"Si se insiste en una democratización de la comunicación, la idea es que todas las ideas tengan cabida. Esto no es un hecho aislado, es un cerco hacia los medios con posiciones críticas con el gobierno", consideró.
Correa recalcó además que el gobierno ha esperado años para recensar a las emisoras y a la hora de hacerlo "adorna el procedimiento con sustentos políticos".
"Hay una avanzada hacia el proyecto socialista por parte del gobierno y una preparación del escenario para las elecciones legislativas del 2010. Las radios son parte de la jugada", aseguró Correa.
Para William Lara, ex ministro de Comunicación y actual gobernador del Estado Guárico (centro), se está "rescatando un patrimonio que es del pueblo".
Las radios "deben ser una propiedad colectiva y social. Su gestión en Venezuela tiene necesariamente que orientarse a la construcción socialista", insistió.
Paralelamente a las sanciones contra las 29 emisoras, Cabello anunció un nuevo procedimiento contra la cadena privada Globovisión, muy crítica con el Ejecutivo y ya tiene varios expedientes abiertos que podrían acarrear la pérdida de su concesión.

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